El La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo El año 2026 inició con 13 donaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social contenidas en la Gaceta Número 2 y Acuerdo Presidencial 02-2026, bienes inmuebles, todos ubicados en el Departamento de Managua.
Las propiedades están registradas con los siguientes números de propiedad: BI-9AH8KQI; BI-9AB3N97; BI-9A9VL15; BI-9AFET3P; BI-9A50EDP; BI-9A99W4T; BI-9AFEWZU; BI-XEJOIJ; BI-XETGL9; BI-PUBHDMBM; BI-9ADJ7CC; BI-2KSVOI2Y; BI-2KSWVWWH.
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Como ha sido la política desde 2018 respecto de los fondos confiscados por el régimen a instituciones civiles y religiosas, tales donaciones se justifican con la supuesta intención de «fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses mediante la creación de políticas y estrategias dirigidas a aumentar la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para implementar proyectos».
Sin embargo, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no ha contabilizado estos activos, para qué se han utilizado ni qué beneficio directo tienen para la clase trabajadora del país.
Dictadura entrega 17 inmuebles al Instituto de Seguridad Social en calidad de «donaciones»
Las confiscaciones son una práctica de dictadura
Uno de los últimos casos de estas incautaciones fue Inauguración del Hospital San Rafael del Sur, El 27 de diciembre de 2025, en una propiedad del periodista y empresario Héctor Briseño, quien llamó “ladrón” a Murillo por anunciar la apertura de este centro asistencial en una de las propiedades que le confiscaron luego de que él y su familia fueran expulsados de Nicaragua por criticar al régimen.
“Rosario Murillo nos robó, incluso donde abren este hospital, con mucho ruido, sin mencionar que el pasado 24 de noviembre nos sacaron a mi familia y a mí, y nos expulsaron y nos sacaron con la ropa que llevábamos ese domingo 24 de noviembre de 2024”, dijo Nodiciño en un comunicado. anuncio el día antes de la apertura del hospital.
En su informe de febrero de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua (GHREN) recordó que la Asamblea Nacional del país, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República son tres de las instituciones que han cooperado con la desamortización en el país centroamericano.
«Desde diciembre de 2018, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior han revocado por la fuerza el estatus de persona jurídica de al menos 5.437 organizaciones sin fines de lucro, y desde marzo de 2024 – 1939. A la mayoría de las organizaciones también se les han confiscado sus bienes, medidas implementadas con el apoyo de la Fiscalía General», recordaron.
