Estados Unidos decidió el 10 de diciembre imponer dos años de aranceles progresivos a las importaciones procedentes de Nicaragua que no sean originarias Tratado de Libre Comercio RD-Caftauna de las recomendaciones hechas por la Oficina del Representante Comercial de ese país, que inició una investigación sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por abusos masivos a los derechos humanos en el país centroamericano.
La decisión tomada por la Casa Blanca establece que a partir del 1 de enero de 2026, los productos que no se exporten a través del DR-Cafta comenzarán a pagar aranceles, lo que afectará a la mayoría de las exportaciones del país que no pasen por esta vía.
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«El arancel se fijará en cero por ciento el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10 por ciento el 1 de enero de 2027 y al 15 por ciento el 1 de enero de 2028. Cualquier arancel se acumulará con otros, como el actual Arancel Recíproco del 18 por ciento. Además, si se revierte el cronograma de Nicaragua, esta decisión y resolución de estos temas no podría avanzar», afirma.
EE.UU. inicia el proceso para retirar a Nicaragua del DR-CAFTA
Lo que decidió Estados Unidos sobre las exportaciones nicaragüenses
La oficina del representante comercial había propuesto suspender al país del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, lo que supondría un golpe más severo al régimen sandinista, pero la imposición de aranceles aún significaría un golpe a las exportaciones, especialmente porque Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Nicaragua.
Cuando se hizo pública la decisión, enfatizaron que «la acción de represalia de hoy sigue a una conclusión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de que las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua no son razonables e impiden o restringen el comercio estadounidense, con base en más de 2.000 comentarios públicos y consultas con expertos de agencias gubernamentales e inspectores del USTR autorizados por el USTR».
Además, subrayan, «cualquier arancel sería acumulativo con otros, como el actual Arancel Recíproco del 18 por ciento. Además, si Nicaragua no avanza en estos temas, este cronograma y estas tarifas podrían ser modificados», advirtió el USTR en su decisión.
En 2024, el USTR lanzó una investigación antidictadura sobre las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho. Concluyendo que han violado sistemáticamente garantías civiles, políticas, religiosas y laborales que perjudican a las empresas estadounidenses además de a los nicaragüenses, anunciaron las medidas que finalmente fueron anunciadas el 10 de diciembre de este año.
Después de que se revelara el pasado mes de octubre, un período de consultas y recopilación de pruebas precedió a la decisión. «La USTR recibió declaraciones de testigos y más de 160 comentarios y respuestas. La investigación también obtuvo testimonios que demuestran graves violaciones de los derechos humanosque el USTR remite al Departamento de Estado de Estados Unidos para mayor investigación, acción y protección», señalaron este miércoles.
