Él Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de VenezuelaLa organización, que opera de forma clandestina debido a la represión de la dictadura de Nicolás Maduro, anunció que entre septiembre de 2024 y noviembre de este año, 116 trabajadores han sido encarcelados en el país por motivos políticos.
Son en su mayoría de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), quienes, desde agosto pasado, fueron encarcelados en tres de las refinerías más importantes que opera la industria en el país sudamericano: El Palito (Carabobo/Norte), José Antonio Anzoátegui (Anzoátegui/Este) y Paraguay (Falcona/Oeste). Las operaciones en esas tres áreas llevaron a sus arrestos el año pasado por razones que el régimen no ha revelado hasta ahora.
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Anteriormente, en septiembre pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) también se refirió a estos casos. «Estos casos muestran un patrón de criminalización de los sindicatos y las protestas laborales en Venezuela con cargos desproporcionados, p.e. terrorismo, conspiración, asociación para delinquir e incitación al odio. Además, varios de los detenidos son personas de la tercera edad o con enfermedades graves, como hipertensión, diabetes, parálisis facial y enfermedad de Parkinson, lo que agrava la vulneración de su derecho a la vida y a la integridad personal”, denunció el SNTP el 11 de septiembre.
El comité cifró en 101 el número de presos de PDVSA, además de 15 dirigentes gremiales y gremiales.
«Estas medidas enérgicas son parte de una estrategia sistemática para criminalizar a los sindicatos y la actividad sindical en el contexto de la propuesta del gobierno de reemplazar los sindicatos independientes con entidades vinculadas al partido gobernante (el «electorado de los trabajadores»)», dijeron el fin de semana pasado.
Además de PDVSA, también han sido detenidos medios de comunicación, educación, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos.
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Detuvieron al secretario general de la CTV
Uno de los últimos se registró el 29 de noviembre, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron al domicilio de Elia Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), desde donde lo trasladaron a un lugar desconocido sin orden judicial. «Su detención ha provocado un rechazo generalizado por parte de organizaciones sindicales, defensores de los derechos humanos y familiares que exigen su liberación inmediata», afirmó el Comité de Luchadores Sociales.
Países como Argentina y Uruguay también rechazaron la detención de Torres. En el caso de este último país, la Confederación de Sindicatos Americanos pidió la liberación del líder sindical venezolano.
“Hasta el momento no existe información por parte de las Instituciones de Seguridad del Estado sobre los motivos de su detención ni las circunstancias en las que fue encontrado”, advirtieron.
La CTV es uno de los sindicatos más antiguos de Venezuela y uno de los más críticos desde que el chavismo llegó al poder, hasta que el fallecido Hugo Chávez intentó, sin éxito, disolverlo mediante un referéndum. Uno de sus secretarios generales, Carlos Ortega, se sumó a una huelga general de actividades en el país a principios de la década de 2000 destinada a derrocar a Chávez del poder, y como resultado fue condenado a prisión por estos hechos.