El Grupo Nicaragüense de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) exigió el 30 de octubre acciones contundentes a la comunidad internacional ante las violaciones masivas a las garantías básicas contra la población en el país.
Lo hicieron ante la Asamblea General de la ONU, una acción inédita donde pudieron alzar la voz para presentar las últimas revelaciones sobre la persecución, represión y detenciones arbitrarias que continúa sin tregua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde que comenzaron las protestas antigubernamentales en 2018.
«Durante décadas, Nicaragua ha promovido la situación en Centroamérica como una región de paz, democracia y desarrollo en la Asamblea General de la ONU… Es trágico que Nicaragua esté ahora incluida en la agenda de la Asamblea General como un país acusado de eliminar sistemáticamente el estado de derecho y las instituciones democráticas», dijo Jan-Michael Simonssadors, presidente del grupo de países.
Represión transfronteriza
Destacó la represión transnacional llevada a cabo por el dúo Ortega-Murillo, que ha resultado en la muerte de, por ejemplo, Roberto Samcam en Costa Rica, así como muertes bajo custodia estatal en territorio nicaragüense.
El informe, que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre pasado, se basó en entrevistas con 1.900 personas y una discusión de 9.300 documentos, con los que concluyeron que el patrón deliberado del régimen sandinista de «silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar el poder absoluto mediante la violencia, el miedo y el socavamiento sistemático de los derechos humanos y el Estado de derecho» era su lucha contra el Estado de derecho.
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La desaparición forzada afecta a los detenidos y sus familias
Uno de los miembros de GHREN, Reed Brody, condenó la desaparición forzada de la disidencia política como una de las herramientas utilizadas por la dictadura para reprimir cualquier actividad opositora.
«El aumento del uso de la desaparición forzada por parte del gobierno refleja crueldad no sólo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus seres queridos, que viven en agonía e inseguridad. La represión es tan grave y el sistema legal tan predatorio que las familias, exhaustas, se exponen a nueva violencia sólo porque están buscando a sus seres queridos», afirmó Brody en su defensa.
Recordaron que la represión transfronteriza incluye no sólo los últimos ataques, sino también la privación de la nacionalidad de más de 400 nicaragüenses, la confiscación de sus bienes y su obligación de abandonar el país, perdiendo así sus medios de vida y teniendo que empezar de nuevo en condiciones de incertidumbre personal, social y económica en otros países.
«La privación de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a estar en desacuerdo», dijo el panelista Ariel Peralta, quien agregó que este tipo de medidas «destruyen vidas de una manera práctica y devastadora: separando familias, bloqueando el acceso a la educación o al trabajo, y cortando los vínculos de las personas con su país».
En el caso de Samcana, dijeron que estas acciones buscan «sembrar miedo» en el exilio, pero también incluyen la persecución a las familias que permanecen en Nicaragua, una nueva forma de violar los derechos humanos, ya no contra los disidentes, sino contra sus familiares.
«El gobierno ha creado un mecanismo de persecución que sigue a sus ciudadanos en el exterior, negándoles documentos importantes y la entrada al país, intimidando a sus familiares en Nicaragua y manipulando los mecanismos internacionales de aplicación de la ley», dijo Brody.
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Aislamiento internacional
También llamaron la atención sobre la salida de cinco agencias de la ONU, decisiones tomadas por el régimen en los últimos años, incluido el Consejo de Derechos Humanos y la UNESCO.
«El aislamiento del gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad», dijo Simon. «Las presentaciones de Nicaragua en este foro son una señal de advertencia de que la represión en el país ha alcanzado un nivel que requiere un mayor escrutinio global».
Los miembros de GHREN enfatizaron su llamado a la comunicación internacional: «La comunidad internacional no puede simplemente quedarse como testigo; debe tomar medidas concretas – acciones legales, procesamientos y sanciones selectivas – para responsabilizar al gobierno y a los perpetradores individuales», exigió Peralta.
